Lo que busca el gobierno con el proceso de modernización de la entidad fiscalizadora, es convertir a la Dirección del Trabajo en un órgano tan respetado y temido como el Servicio de Impuestos Internos.
Una de las prioridades, es asegurar el cumplimiento de la legislación laboral, más que infraccionar a las empresas que vulneran los derechos de los trabajadores, saliendo al paso de las inquietudes que surgieron tras la disminución de las multas que se registraron en 2010.
La idea es castigar fuertemente la reincidencia, porque la empresa puede a lo mejor haber tenido un error, pero si le pasan una multa, lo tiene que corregir. En caso contrario, si sigue cometiendo la misma falta, es porque realmente no le importan en absoluto sus trabajadores.
Actualmente, el Código de Trabajo señala los rangos de las multas a normas que no tienen una sanción especial. Allí se establecen tramos según tamaño de empresa, llegando a un techo de 60 UTM para las más grandes.
También se estudia la posibilidad que las multas se cobren por cada trabajador y que ya no sea por tamaño de empresa.
Para las más pequeñas, la Dirección del Trabajo inició un proceso de fiscalización asistida. En el caso de las grandes empresas que estén infringiendo la ley laboral, la secretaria de Estado señaló que ahí se cobra altiro la multa.
