El ministro de Energía, confirmó este martes que a fines de este mes el gobierno ingresará al Congreso el proyect
o de ley que crea la carretera eléctrica pública.
Cabe recordar que el Ejecutivo asumió en junio el compromiso de adelantar a agosto el envío de la iniciativa, desde el plazo inicialmente previsto de septiembre, en medio de la polémica generada luego que Colbún decidiera proponer al directorio de HidroAysén la suspensión indefinida del ingreso del Estudio de Impacto Ambiental de la línea de transmisión del proyecto que controla junto a Endesa.
Tenemos el proyecto de concesiones eléctricas y finalmente el proyecto de carretera eléctrica que vamos a presentar a finales de este mes y que a lo que apunta es a invertir el orden en materia de transmisiones. Estamos recién a 14 de agosto, mi compromiso con ustedes, con el gobierno, con el presidente es el 31 de agosto, señaló el ministro.
El ministro Bunster precisó que aún no está definido si la carretera eléctrica se extendería entre la Tercera Región y Puerto Montt, o si el trazado abarcará desde Arica a la Patagonia y tampoco quiso entregar detalles respecto al financiamiento de la iniciativa.
«No me voy a pronunciar sobre un proyecto que está en evaluación hasta que lo tengamos definido», dijo el secretario de Estado.
El ministro indicó que el gobierno aún maneja la opción de incluir en el proyecto la interconexión entre el Sistema Interconectado Central (SIC), que va de Tal Tal a Chiloé, y el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).
«La CNE tiene que pronunciarse y es muy posible que si ese pronunciamiento es positivo veamos la opción de que eso sea también», apuntó.
Respecto a la acogida que podría tener el proyecto en el Congreso, Bunster señaló que el ministerio ha mantenido conversaciones con parlamentarios de distintas colectividades para buscar un consenso en torno a la materia.
Consultado por las críticas de algunos sectores en torno a la falta de proyectos eléctricos en el país el ministro sostuvo que existen muchas centrales en construcción y otras con sus permisos ambientales aprobados, pero reconoció que la judicialización de algunos proyectos es un desafío que enfrentar.
«Chile tiene una buena cantidad de proyectos, algunos están teniendo algunas dificultades y eso obviamente que es un tema preocupante puesto que esas dificultades retrasan los proyectos», señaló.
«Es un desafio la judialización, tenemos que buscar como sociedad una cosa equilibrada porque por un lado la ciudadanía tiene derecho a manifestarse y por otro lado hay un límite de razonabilidad donde se está perjudicando el interés general… Sería un mal resultado que esto terminara dificultando el desarrollo del país», añadió.
